La prórroga de Almaraz hasta 2030 descuadra el PNIEC y el plan de residuos, según fuentes del sector
El Gobierno ha publicado en el BOE la prórroga de la operación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, una decisión que, según un análisis del sector, invalida el calendario del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2030 y el Plan General de Residuos Radiactivos, y que ha generado malestar en parte del sector renovable, que esperaba el cierre nuclear para ampliar su cuota de mercado.
Una prórroga publicada en agosto y en plena polémica
La publicación en el Boletín Oficial del Estado durante un viernes de agosto, en plena 'operación verano', ha sido interpretada por algunos analistas como un intento de minimizar el impacto político de una medida que contradice el discurso oficial del Gobierno sobre el cierre nuclear.
El Ejecutivo argumenta que la central es 'segura', que no compromete el suministro y que no supone 'coste' para los ciudadanos, en un contexto de volatilidad energética. Sin embargo, el PP considera la medida insuficiente y pide cancelar todos los cierres nucleares previstos, mientras que la plataforma 'Sí a Almaraz' la celebra como una garantía de empleo y estabilidad para la región.
La prórroga llega después de casi un año de negociación, en el que el Gobierno ha tenido que 'doblegarse a la realidad', según la fuente consultada, que destaca que la decisión 'desnuda' la política energética del Gobierno basada en la ideología.
El PNIEC 2030 queda en papel mojado y los residuos, en el aire
El PNIEC 2030, que contemplaba el cierre nuclear como pilar de la transición, queda ahora 'en papel mojado', según el análisis. El Gobierno no ha anunciado una revisión del plan, pero la prórroga de los dos reactores de Almaraz y las fechas de cierre de Ascó I y Cofrentes para 2030 hacen técnicamente imposible cumplir el calendario de desmantelamiento previsto.
El Plan General de Residuos Radiactivos, que sí tiene rango normativo, tampoco se puede cumplir tal como está redactado, ya que incluía el cierre de Almaraz. Además, el contrato firmado entre las eléctricas y Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos, queda roto, y habrá que renegociar sus términos.
Según la fuente, el Gobierno 'sabe perfectamente' que Enresa no podría firmar un plan de estas características, y por eso el cierre de Almaraz se había fijado para 2027 y 2028. La decisión de prorrogar hasta 2030 obligará a reformular el plan de residuos.
El sector renovable, enfadado, estudia demandas contra el Gobierno
La decisión ha generado malestar en parte del sector renovable, que esperaba el cierre nuclear para poder vender más energía. Según el análisis, algunos desarrolladores amenazan con demandar al Gobierno por la vía judicial, aunque la fuente reconoce que 'todos en el fondo piensan que es una sabia decisión'.
El Ejecutivo se agarra al hecho de que el PNIEC no es norma, pero el Plan General de Residuos Radiactivos sí lo es, y la prórroga lo incumple. El Gobierno sostiene que manteniene su hoja de ruta, pero la fuente subraya que 'técnicamente es imposible' cumplir los plazos actuales de desmantelamiento.
La decisión llega en un momento crítico, con la vista puesta en las elecciones generales del próximo año. La fuente concluye que, de momento, 'hay cierta paz nuclear' y que habrá que esperar a los comicios para ver qué sucede con las plantas, que considera 'tan necesarias para el sistema eléctrico español'.
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