Noruega recorta plazos para redes y eólica terrestre: objetivos a la mitad y conexión en dos años

Redes eléctricas: la mitad de plazo y un límite de dos años para conectar

El Ejecutivo noruego pretende recortar a la mitad el tiempo medio de desarrollo de las redes nacionales y regionales con respecto al registrado antes de su llegada al poder en 2021. Para lograrlo, el paquete presentado por el Gobierno incluye la simplificación de los requisitos de evaluación y el establecimiento de un plazo de dos años para tramitar las solicitudes de conexión a la red.

Aasland ha señalado que se espera que las medidas alcancen todo su efecto hacia el final de la actual legislatura y durante la década de 2030, aunque también está previsto que generen resultados a corto plazo. El anuncio llega en un contexto de electrificación acelerada en el país nórdico, donde el 95% de los coches matriculados en 2025 fueron 100% eléctricos, según los datos que maneja el Ministerio.

Fuera las objeciones administrativas, salvo para el Parlamento Sami

Entre las medidas anunciadas figura la eliminación del derecho de los administradores estatales y de otras autoridades públicas a presentar objeciones contra las infraestructuras de red. No obstante, se mantendrá el derecho del Parlamento Sami a formular objeciones, un reconocimiento expreso a los intereses de la comunidad indígena en los procesos de autorización de proyectos que afectan a sus territorios.

El Gobierno también pedirá a Statnett, el operador del sistema de transporte, y a la Dirección Noruega de Recursos Hídricos y Energía que prioricen los avances en los proyectos considerados más importantes para el sistema eléctrico. Esta priorización busca concentrar los recursos administrativos en aquellas infraestructuras con mayor impacto en el suministro y en la integración de renovables.

Eólica terrestre: sin plan de zonificación e ingresos municipales adelantados

En el caso de la eólica terrestre, el Ejecutivo prevé simplificar los procedimientos municipales mediante la eliminación de la obligación de elaborar un plan de zonificación. Además, se establecerá en una legislación específica, al margen de la Ley de Planificación y Construcción, el derecho de los municipios a aprobar o rechazar estos proyectos, un cambio que busca dar seguridad jurídica al desarrollo eólico y reducir la conflictividad.

Los municipios también comenzarán a recibir antes los ingresos derivados de la energía eólica: el Estado adelantará los ingresos correspondientes al impuesto sobre la producción desde el inicio de las obras. Los detalles de este mecanismo se concretarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

"La energía eólica debe desarrollarse con los municipios, no contra ellos. El derecho de los municipios a decir sí o no a la energía eólica se mantendrá, pero queremos que los procedimientos sean más sencillos, generen menos conflictos y sean más transparentes para el conjunto de la sociedad", afirmó Aasland. El ministro añadió que "los intereses sami y las consideraciones relativas a la naturaleza y el medio ambiente son elementos fundamentales del actual proceso de autorización y seguirán siéndolo".