Electrificación: España suspende en el despliegue pese a aprobar en política, según un índice de WMBC

Redes congestionadas: el talón de Aquiles de la electrificación

El informe identifica las mayores brechas en las redes eléctricas, con 23 puntos sobre 30 en políticas pero apenas 13 en despliegue, y en el transporte por carretera, con 15 frente a 9 sobre 20. La directiva advierte de que el problema de la congestión en la distribución "no se resolverá por sí solo", y traslada que las empresas reportan una red sin margen para nueva demanda.

El Gobierno ha elevado la inversión en red de transporte por encima de los 17.000 millones hasta 2030, un 144% más que la planificación vigente, y la demanda concentró el 41% de las 2.566 alegaciones presentadas. Aunque Mendiluce lo califica de "un paso muy importante", subraya que la inversión "por sí sola, no resolverá los cuellos de botella en las conexiones".

La experta recuerda que una subestación o una línea nueva pueden tardar hasta una década en entrar en servicio, un plazo incompatible con los calendarios industriales, y aboga por liberar capacidad mientras tanto. Propone abandonar el criterio de "primero en llegar, primero en ser atendido" y mirar a Reino Unido, donde el regulador Ofgem prioriza los proyectos más maduros y los que el sistema necesita.

España ya ha dado pasos en esa dirección con las categorías prioritarias del Real Decreto-ley 7/2026 y la regulación de conexiones flexibles, pero Mendiluce insiste en que toca aplicarlo de forma efectiva.

El spark gap frena el calor industrial

El informe sitúa en el 34,6% el peso de impuestos y gravámenes sobre el precio de la electricidad, frente al 22,5% del gas doméstico. Esa diferencia de precios entre ambos combustibles, el llamado spark gap, es para Mendiluce "el principal obstáculo para la electrificación del calor de proceso industrial".

La CEO de WMBC propone equiparar la carga fiscal de la electricidad con la del gas, o dejarla por debajo, lo que haría rentables tecnologías como las bombas de calor industriales, las calderas eléctricas o el almacenamiento térmico. Tecnologías que, recuerda, "pueden funcionar con electricidad limpia producida en España, en lugar de depender de combustibles fósiles importados".

Alemania ya ha rebajado de forma permanente el impuesto eléctrico a más de 600.000 empresas manufactureras, un precedente que la experta pone sobre la mesa.

Objetivos sectoriales y la electrificación como escudo

El PNIEC fija que la electricidad alcance el 35% del consumo final en 2030, pero solo el transporte tiene meta propia. Mendiluce reclama objetivos sectoriales que den a las empresas "una trayectoria clara de transición y las señales necesarias para invertir". En la industria podrían medirse el peso eléctrico del consumo y la potencia térmica electrificada; en los edificios, las bombas de calor instaladas y las calderas fósiles retiradas cada año. Francia es el espejo: prevé que la electricidad pase del 37% del consumo industrial en 2023 al 47% en 2030.

El bloqueo del estrecho de Ormuz en marzo devolvió la seguridad energética al centro del debate europeo. Mendiluce sostiene que un país que compra fuera su energía en forma de combustible queda expuesto a cada sacudida de precios, y argumenta que no es lo mismo depender de equipos que se compran una vez que de un combustible que se paga cada mes: si mañana se cortaran las exportaciones de paneles solares, los ya instalados seguirían generando durante décadas.

El razonamiento tiene traducción directa para España, que produce el 75% de su electricidad con fuentes limpias pero importa prácticamente todo el gas que quema su industria. Electrificar también abarata la factura: quemar combustibles desperdicia en torno a dos tercios de la energía, mientras que motores eléctricos y bombas de calor hacen el mismo trabajo con una fracción. La Comisión Europea calcula que cumplir su objetivo para 2040 podría ahorrar a la UE hasta 260.000 millones de euros al año en combustibles fósiles.

Una ventaja por convertir

En TIME, junto a Jan Rosenow, Mendiluce sostiene que el coste y el acceso a la electricidad pueden redibujar el mapa industrial europeo. La pregunta es si España puede atraer la inversión que hoy duda en Alemania o Reino Unido. Su respuesta es "Sí", y apunta a Hydnum Steel en Puertollano o la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Zaragoza, con hasta 4.100 millones de inversión prevista.

Pero la ventaja renovable, advierte, "solo se convierte en competitividad industrial cuando las empresas pueden acceder a electricidad asequible, fiable y en los plazos que necesitan". Cartera no falta: 245 compañías españolas tienen objetivos de reducción alineados con la ciencia, 189 de ellos validados por SBTi, y España colocó 24 proyectos en la primera subasta europea de calor industrial, más de un tercio del total. Falta que se materialicen.

De cara a la COP31 de Antalya, Mendiluce cree que las empresas deben reclamar una fiscalidad eléctrica más equilibrada, conexiones más rápidas y "políticas estables y previsibles a largo plazo".