España negocia con los centros de datos mientras avanza la norma del 80% renovable

La propuesta: centros de datos verdes con renovables adicionales

El Gobierno ultima una normativa para ordenar el sector de los centros de datos, una de las industrias de mayor crecimiento en España por su demanda energética y su peso en la digitalización. La medida central, según han trasladado fuentes conocedoras a EXPANSIÓN, es que el 80% de la energía consumida por estos centros provenga de fuentes renovables.

Además, ese consumo deberá ser adicional: por cada megavatio que consuma una instalación, tendrá que haberse instalado un megavatio nuevo de renovables en los 18 meses anteriores a su entrada en funcionamiento. El objetivo es garantizar que el crecimiento del sector no se produzca a costa del sistema eléctrico ni de los compromisos climáticos del país.

La nueva norma busca así alinear el despliegue de infraestructuras digitales con la senda de descarbonización, pero su diseño técnico está generando dudas entre los operadores, que temen que los plazos y las condiciones resulten difíciles de cumplir en la práctica.

SpainDC: preocupación por la viabilidad de los proyectos y la fuga de inversión

La Asociación Española de Data Centers (SpainDC) mostró su inquietud tras la reunión mantenida este miércoles con el Ejecutivo. Fuentes de la patronal señalaron que su primera valoración es "de preocupación ante algunos de los planteamientos" que se les han trasladado.

Aunque comparten los objetivos principales de la propuesta, consideran que la regulación debe ser "proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo". En concreto, advierten de que nuevas exigencias podrían situar a España en desventaja frente a otros países de la UE que compiten por las mismas inversiones.

"España tiene una oportunidad extraordinaria y cualquier nuevo marco regulatorio debe contribuir a aprovecharla, no a ponerla en riesgo. España no puede permitirse convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital", subrayaron.

La patronal también teme que los requisitos planteados dificulten la viabilidad de nuevos proyectos, generen inseguridad para inversiones ya planificadas o provoquen una fuga hacia otros países europeos con regulaciones más flexibles.

Aelec y Ametic: seguridad jurídica y previsibilidad para las inversiones

La patronal de las empresas eléctricas, Aelec, valoró de forma positiva que se trabaje en un marco regulatorio para ordenar el sector. A su juicio, lo importante es compatibilizar el crecimiento de la nueva demanda energética ligada a los centros de datos con los objetivos de descarbonización y desarrollo del sistema eléctrico.

"La regulación debe aportar seguridad jurídica y previsibilidad para que las inversiones se materialicen, evitando que los requisitos que se establezcan terminen dificultando el desarrollo de una demanda que necesitamos", indicaron desde Aelec.

Por su parte, Ametic, la patronal de la industria digital, incidió en que la nueva normativa deberá evitar "fragmentaciones" que resten competitividad al sector. También insistió en la necesidad de que aporte seguridad jurídica, favorezca la captación de nuevas inversiones y siga alineada con las políticas europeas en la materia.

Ambas organizaciones coinciden en que la regulación no debe frenar el impulso inversor que está viviendo España en este ámbito, donde la llegada de grandes proyectos de centros de datos se ha convertido en uno de los motores de la economía digital.

Aragón, la comunidad más afectada, critica la falta de consulta

Aragón, una de las regiones con mayor concentración de proyectos para centros de datos, ha sido la primera en alzar la voz. La consejera de Economía del Gobierno aragonés, Eva Valle, lamentó este martes que el Ejecutivo central no haya contactado con las comunidades autónomas para dar a conocer la propuesta normativa.

Valle considera que la falta de diálogo territorial es un error, dado el impacto que estas infraestructuras tienen en regiones como Aragón, tanto por su consumo energético como por su efecto en el empleo y la actividad económica.

La consejera avanzó que pedirá explicaciones al Gobierno y que Aragón defenderá que cualquier regulación tenga en cuenta la realidad de los territorios que ya acogen proyectos en marcha o en fase de tramitación.

El contexto europeo y el desafío de la competitividad

La nueva normativa española se enmarca en un contexto europeo donde la demanda de centros de datos crece de forma acelerada, impulsada por la inteligencia artificial y la digitalización. España compite con países como Países Bajos, Irlanda o los nórdicos para atraer estas inversiones, que generan miles de empleos y dinamizan sectores como la construcción o la energía.

Sin embargo, el ala industrial del país y los propios operadores del sector europeo han advertido de que una regulación excesivamente exigente o rígida puede desviar los proyectos hacia otras jurisdicciones con condiciones más favorables.

Desde el sector se recuerda que el objetivo de descarbonización debe ser compatible con la competitividad, y que la transición energética no puede convertirse en una barrera para el desarrollo tecnológico. La partida está abierta: el Gobierno continúa el diálogo con los agentes implicados mientras se ultima un texto que marcará el futuro del sector en los próximos años.