La guerra en el Golfo abre la puerta a Blackstone, KKR y BlackRock en el transporte de crudo y gas de las estatales
El conflicto con Irán ha dañado la infraestructura petrolera del Golfo Pérsico y ha bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a las petroleras estatales a ceder participaciones de sus redes de oleoductos y gasoductos a fondos internacionales, principalmente estadounidenses. La operación más reciente, el proyecto Peregrine en Kuwait, moviliza 16.000 millones de dólares y arrenda la red de crudo de KOC a un consorcio liderado por Blackstone y KKR.
El bloqueo de Ormuz dispara la monetización de activos midstream
Los ataques sobre complejos como Ras Laffan o Ras Tanura y el bloqueo de Ormuz están costando a la región 1.000 millones de dólares diarios en exportaciones perdidas. Para compensar la sangría de ingresos, las petroleras estatales aceleran la monetización de sus redes de transporte, arrendando el uso de sus oleoductos y gasoductos a consorcios internacionales bajo fórmulas de leaseback a largo plazo.
En esta carrera por el control de la infraestructura regional destacan gestoras estadounidenses como Blackstone, KKR y BlackRock, que financian tanto la reconstrucción física de las instalaciones dañadas como la apertura de nuevas rutas de exportación. Sin embargo, expertos citados en el análisis advierten de que estas alternativas terrestres son insuficientes para absorber el volumen que antes transitaba por el estrecho.
El modelo ADNOC se replica en Kuwait, Arabia Saudí y Baréin
La estrategia no es nueva: ADNOC (EAU) arrendó en 2019 el 40% de sus oleoductos a KKR y BlackRock por 4.000 millones de dólares, y en 2020 captó 20.700 millones mediante el arrendamiento de su red de gasoductos a Brookfield y GIP. En 2021, Aramco obtuvo más de 27.900 millones de consorcios liderados por EIG Partners y BlackRock con el mismo esquema.
El pasado 25 de julio se firmó en Kuwait el proyecto Peregrine, una operación de 16.000 millones de dólares por la que Kuwait Oil Company (KOC) constituyó una empresa conjunta con Blackstone, KKR y Brookfield, cada uno con un 16,33% (49% en total). El perímetro incluye los 13 oleoductos de crudo de KOC, unos 320 kilómetros que conectan los campos con las terminales del Golfo. El consorcio aporta 7.850 millones por adelantado bajo un arrendamiento de 20 años y medio, que financiará el plan de Kuwait Petroleum Corporation para reconstruir la red y elevar la producción a 4 millones de barriles diarios en 2035.
La escalada de BlackRock y sus socios en la región
BlackRock, tras integrar Global Infrastructure Partners, controla el 49% de la Jafurah Midstream Gas Company en Arabia Saudí, acuerdo de 11.000 millones completado en octubre de 2025 para impulsar un 60% la producción de gas hasta 2030. También participa en las redes gasistas de Aramco y ADNOC, y en Baréin respaldó la primera monetización de Bapco Energies con la Saudi Bahrain Pipeline Company.
Blackstone, con 1,35 billones de dólares en activos gestionados, elevó su plataforma de infraestructura hasta 90.000 millones en el segundo trimestre de 2026. KKR, por su parte, gestiona 114.000 millones en infraestructuras y ha invertido cerca de 5.000 millones en el Golfo en los últimos 18 meses, incluyendo su alianza con ACWA Power. Omán, aunque fuera de este triángulo, privatizó en octubre de 2023 el 49% de OQ Gas Networks por 748 millones, con el PIF saudí y la QIA catarí como inversores.
El riesgo geopolítico y la búsqueda de rutas alternativas
El caso de Ras Laffan, con unos 20.000 millones de dólares en ingresos anuales perdidos y cinco años estimados de reparación, evidencia que la infraestructura de transporte no está a salvo de ataques. El cierre de Ormuz obliga a buscar rutas terrestres, pero el oleoducto Este-Oeste saudí y la línea de Fujairah en Emiratos no pueden absorber todo el tráfico previo al conflicto.
Ante el riesgo de comprometer capital durante más de dos décadas en una zona de guerra, multinacionales como ExxonMobil, Chevron y Shell desvían inversiones hacia Brasil, África Occidental o el este del Mediterráneo. Mientras tanto, las estatales del Golfo logran estabilidad fiscal sin emitir deuda, obtienen liquidez para reparar daños y financiar rutas alternativas. El recurso sigue siendo soberano, pero el control de la red de transporte queda en manos de Wall Street.
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