La saturación de la red eléctrica frena la construcción de hasta 360.000 viviendas en España
La falta de capacidad de la red eléctrica se ha convertido en un freno estructural para la construcción de nueva vivienda en España. Según datos de acceso a la red de 2025, se rechazaron unos 2.100 MW de capacidad de conexión solicitada por promotores inmobiliarios, lo que equivale a entre 300.000 y 360.000 viviendas sin posibilidad de conectarse. El sector lleva años advirtiendo de un problema que ahora cruza la frontera de lo energético para agravar la crisis de oferta de vivienda.
2.100 MW rechazados y 400.000 viviendas concedidas que no se construyen
Los datos de acceso a la red eléctrica del sector inmobiliario dibujan una fotografía de colapso. A finales de 2025, unos 2.100 MW de capacidad de conexión fueron rechazados para viviendas en toda España, lo que se traduce en aproximadamente 300.000-360.000 viviendas, dependiendo de la potencia contratada. Esta es la primera vez en la historia reciente del país que un número tan elevado de promociones se queda sin suministro.
De forma paralela, se concedieron 2.400 MW de capacidad de red para nueva vivienda, lo que equivale a unas 400.000 viviendas que deberían construirse, pero que en su mayoría no se están ejecutando. El problema no es solo la demanda rechazada: también hay capacidad otorgada que no se materializa por retrasos en los refuerzos de red necesarios para dar servicio efectivo.
La situación se produce en un contexto de demanda eléctrica que no ha crecido al ritmo esperado en los últimos ejercicios. Mientras el foco inversor se ha puesto en la generación renovable para descarbonizar el mix, las redes no han recibido las inversiones necesarias para dar cabida a nueva demanda, y ahora el sector se encuentra con un cuello de botella que afecta directamente al mercado residencial.
Los promotores denuncian sobrecostes y un reparto de costes desequilibrado
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) publicó un informe en el que ya señalaba estos graves problemas de acceso a la red eléctrica. El documento subraya que la falta de coordinación entre la planificación urbanística y la planificación eléctrica obliga a los promotores a asumir sobrecostes significativos y a esperar refuerzos de red que retrasan los proyectos y comprometen su viabilidad.
El diagnóstico de la patronal apunta a prácticas actuales como las reservas de potencia excesivamente largas y rígidas, la duplicidad de validaciones administrativas o un reparto de costes que recae mayoritariamente en el promotor. Todo ello contribuye a encarecer el precio final de la vivienda y a inmovilizar recursos en un momento de máxima tensión en el mercado residencial.
En concreto, ASPRIMA advierte de que el modelo actual traslada al promotor inversiones en infraestructuras de carácter troncal o de utilidad pública. La asociación propone que estas infraestructuras sean financiadas a través del sistema eléctrico, limitando al promotor los costes de redes internas y de uso exclusivo. También plantea revisar los criterios de dimensionamiento de potencia para ajustarlos a la demanda real y evitar sobredimensionamientos que agotan capacidad de red y elevan innecesariamente los costes.
Una batería de 16 medidas para desbloquear la conexión de nuevas viviendas
El informe de ASPRIMA agrupa sus propuestas en cinco ámbitos de actuación prioritarios. El primero se centra en la capacidad y planificación de la red, con medidas como flexibilizar los límites de inversión en redes, impulsar inversiones anticipatorias para atender la demanda residencial futura y priorizar las infraestructuras eléctricas vinculadas a desarrollos con planeamiento definitivamente aprobado. También propone crear mecanismos estables de coordinación entre administraciones, distribuidoras y promotores.
El segundo ámbito aboga por optimizar la red existente, introduciendo criterios de prioridad en el acceso para usos de interés social y baja movilidad geográfica, como la vivienda, frente a otros usos que pueden desplazarse con mayor facilidad. Se plantea además un modelo de acceso flexible y progresivo que permita reservar la potencia necesaria para todo el desarrollo, pero activarla de forma gradual conforme avanza la urbanización.
En tercer lugar, la agilización de la tramitación administrativa pasa por alinear la validez de los informes de viabilidad eléctrica con la tramitación urbanística, implantar una ventanilla única autonómica de urbanismo eléctrico con silencio administrativo positivo y fijar plazos máximos y sancionables para la emisión de propuestas de conexión por parte de las distribuidoras.
Infraestructuras, costes y el marco regulatorio pendiente
El cuarto ámbito del informe se centra en la certidumbre en la ejecución de infraestructuras. La falta de definición temprana de subestaciones, centros de transformación y redes genera problemas de disponibilidad de suelo y de potencia reservada. Para evitarlo, se propone incorporar de forma vinculante la localización y dimensión de las infraestructuras eléctricas en los instrumentos de planeamiento, así como simplificar su ejecución mediante la declaración responsable cuando las obras estén incluidas en proyectos de urbanización aprobados.
El quinto y último ámbito aborda el coste y dimensión de las infraestructuras eléctricas, con propuestas para limitar al promotor los costes de redes internas y de uso exclusivo y revisar los criterios de dimensionamiento de potencia. "Estas medidas combinan soluciones regulatorias y operativas para acelerar la conexión de nuevos desarrollos, reducir costes y aportar certidumbre tanto a promotores como a las administraciones", señala Jorge Ginés, director general de ASPRIMA. "Priorizar la vivienda como un uso de interés social dentro de la planificación eléctrica y simplificar los trámites es clave para desbloquear miles de viviendas y optimizar la inversión en red", añade.
En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha abierto la puerta a que promociones inmobiliarias y servicios como hospitales tengan algún tipo de preferencia en el acceso y conexión frente a otros sectores económicos como los centros de datos o grandes industrias consumidoras. Sin embargo, la medida aún no se ha materializado, y la aprobación de la Planificación a 2030 se presenta como la próxima ocasión para comprobar si se aceleran las conexiones de nuevas viviendas.
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