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País Vasco propone a Bruselas un peaje para los centros de datos no europeos por su consumo eléctrico

El Gobierno Vasco ha remitido a la Comisión Europea una propuesta para que los operadores y usuarios no europeos de los centros de datos contribuyan a los costes de inversión en la red eléctrica mediante un peaje o cargo adicional por la electricidad que consumen. El Ejecutivo autonómico muestra su preocupación por el impacto de esta actividad en la factura de la industria y las familias vascas.

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Fotografía que ilustra la noticia: País Vasco propone a Bruselas un peaje para los centros de datos no europeos por su consumo eléctrico
(elperiodicodelaenergia.com)

Una factura más cara por la demanda de los centros de datos

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha explicado que la actividad de los centros de datos incrementa la demanda eléctrica, lo que puede derivar en una subida del precio de la electricidad. Además, ese aumento de la demanda obliga a realizar inversiones adicionales en las redes de transporte y distribución, cuyo coste acaba repercutiendo en la factura final de todos los consumidores.

Según el comunicado del Ejecutivo vasco, esa doble vía de impacto —precio e inversiones en redes— es la que ha llevado al Gobierno autonómico a actuar con una doble estrategia: por un lado, presentar alegaciones al real decreto del Ministerio para que la demanda adicional de los centros de datos se equilibre con nueva generación renovable; por otro, remitir una carta a la Comisión Europea para proponer un mecanismo de pago más justo de las inversiones.

La propuesta concreta, trasladada por el Departamento que dirige la consejera de Industria, es que los operadores y usuarios no europeos de los centros de datos paguen un peaje o cargo adicional por su consumo eléctrico. De esta forma, se busca que quienes se benefician de la infraestructura energética europea contribuyan de manera más equitativa a su coste.

Alegaciones al decreto ministerial y equilibrio con renovables

El Gobierno Vasco ha presentado alegaciones al proyecto de real decreto del Ministerio, orientadas a que la demanda adicional de electricidad de los centros de datos sea compensada con nueva generación de energías renovables. La intención es que el crecimiento de esta actividad no se traduzca en un aumento de la presión sobre el sistema eléctrico sin una correspondiente ampliación de la capacidad de generación limpia.

La comunidad autónoma, que ya había mostrado su preocupación por el desarrollo de los centros de datos en su territorio, pide al Gobierno central que el despliegue de estas infraestructuras no impacte en el precio de la electricidad para los consumidores vascos.

La combinación de ambas medidas —la alegación al decreto y la carta a Bruselas— refleja una estrategia coordinada para abordar tanto la dimensión nacional como la europea del problema. Mientras que el real decreto puede establecer condiciones para la conexión de los centros de datos en España, la Comisión Europea tiene competencia en el diseño del mercado interior de la electricidad y en las tarifas de red.

Preocupación por la factura de la industria y las familias

El Ejecutivo autonómico ha subrayado que está "preocupado" por el impacto de los centros de datos en la factura eléctrica de la industria y las familias vascas. Esta preocupación se enmarca en un contexto más amplio de tensión sobre los precios de la electricidad en España, donde la industria electrointensiva y los consumidores domésticos han visto aumentar sus costes energéticos en los últimos años.

La propuesta vasca se produce en un momento en que los centros de datos proliferan en toda Europa, impulsados por el auge de la inteligencia artificial y la digitalización. Estos centros requieren grandes cantidades de electricidad de forma continua, lo que los convierte en un factor de presión sobre los sistemas eléctricos nacionales.

Con esta iniciativa, País Vasco se posiciona como una de las primeras regiones europeas en plantear abiertamente la necesidad de que los operadores no europeos contribuyan de forma específica a los costes de red. La carta remitida a Bruselas busca abrir un debate que, previsiblemente, se extenderá a otros países y regiones con alta implantación de centros de datos.