EE.UU. avisa en su informe anual de que los impagos de los laudos renovables elevan el riesgo jurídico de España

Más de 50 arbitrajes y dos tercios de fallos en contra

El informe elaborado por el Departamento de Estado, cuya edición de 2026 ha sido publicada este mes, recoge que las reformas regulatorias introducidas en España entre 2010 y 2014 provocaron una oleada de litigios internacionales contra el Estado, principalmente al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Según el documento, esas modificaciones desencadenaron más de 50 reclamaciones de arbitraje de inversión, y más de dos tercios de los procedimientos resueltos han desembocado en laudos favorables a los inversores.

El texto subraya además que muchos de estos procedimientos siguen pendientes de resolución. España se retiró del Tratado de la Carta de la Energía en 2024, pero esa salida no ha cerrado los arbitrajes iniciados con anterioridad, que continúan su curso en distintas instancias internacionales.

El Departamento de Estado no se limita a constatar la existencia de los litigios, sino que destaca que el balance ha sido ampliamente desfavorable para España, un dato que el propio informe considera relevante para evaluar el clima de inversión en el país.

Washington critica la resistencia de España a cumplir los laudos

El informe del Departamento de Estado señala expresamente la actitud seguida por España una vez dictadas las condenas. Según recoge el documento, los inversores están intentando ejecutar los laudos ante tribunales de distintos países, y España "se ha resistido de forma consistente a su cumplimiento", invocando argumentos como la inmunidad soberana o el Derecho de la Unión Europea.

Esta referencia resulta especialmente significativa porque trasciende la disputa técnica sobre el antiguo sistema de primas a las renovables. Lo que Washington coloca sobre la mesa es una cuestión de seguridad jurídica: inversores que acudieron a España bajo unas determinadas condiciones regulatorias, cambios posteriores del marco aplicable, decenas de reclamaciones internacionales y una mayoría clara de fallos contrarios al Estado.

El texto advierte de que el mensaje que proyecta hacia el exterior esa actitud es difícil de conciliar con la imagen de un país que aspira a captar grandes volúmenes de capital internacional.

La ejecución de los laudos ya ha tenido recorrido judicial en varios países. Tribunales de Estados Unidos y del Reino Unido han respaldado en los últimos meses la ejecución de sentencias contra España, y en septiembre una corte estadounidense condenó al Estado a pagar 110 millones de dólares adicionales en el conocido como 'caso Toyota'.

El informe advierte además de un entorno regulatorio complejo y lentitud burocrática

El Investment Climate Statement for Spain también recoge, de manera más general, aspectos positivos para la inversión en el país, como la posición geográfica, las infraestructuras de transporte, el tamaño de mercado o el capital humano. Sin embargo, el Departamento de Estado considera que problemas institucionales como los impagos de las renovables elevan el riesgo jurídico y el coste de operar en España.

El informe alerta de un entorno regulatorio complejo, una presión fiscal relativamente elevada y procesos burocráticos que siguen siendo costosos y lentos. También señala que la divergencia entre normas autonómicas y la falta de un mercado interior verdaderamente uniforme pueden limitar el crecimiento empresarial.

En materia de incentivos públicos, el documento recoge que diferentes empresas extranjeras han experimentado retrasos a la hora de aplicarse beneficios fiscales y otras ayudas, o han encontrado cambios inesperados en sus condiciones después de haber sido aprobadas.

El caso de las renovables resume, según el informe, una contradicción que atraviesa distintos ámbitos: España quiere presentarse como una economía dinámica y abierta a la inversión 'verde', pero arrastra decenas de impagos que golpean a empresas vinculadas al despliegue de energías renovables. Esa distancia entre las reglas anunciadas y las condiciones efectivamente encontradas por quien decide comprometer capital es, a juicio de Washington, una señal de riesgo para futuros inversores.

El informe del Departamento de Estado se publica cada año y sirve de referencia para las empresas estadounidenses que evalúan operaciones en el exterior. En esta edición, la sección dedicada a los laudos renovables no es un apunte menor, sino un capítulo propio dentro del análisis del clima de negocios en España.