El Reino Unido lleva al Parlamento su Ley de Independencia Energética con recorte de cargos fijos y participación comunitaria del 20%
El Gobierno británico ha presentado en el Parlamento el Proyecto de Ley de Independencia Energética, una norma que pretende reformar el recibo de la luz y el gas, trasladar al presupuesto público parte de los costes de las renovables y crear una empresa pública de infraestructura eléctrica. La iniciativa llega acompañada del respaldo de los principales actores del sector, que la ven como una oportunidad para abaratar la construcción de nueva capacidad limpia.
Qué cambia en la factura y cómo se financia
El proyecto de ley, impulsado por el Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto (DESNZ), incluye dos medidas centrales sobre el coste de la energía para los hogares. La primera es la eliminación de los cargos fijos que se aplican a las facturas domésticas de gas. La segunda, el traslado al gasto público del 75% de los costes de la Obligación de Energías Renovables (Renewables Obligation), un mecanismo que hoy se repercute directamente en las facturas energéticas.
El Gobierno británico defiende que ambas medidas permitirán reducir los recibos y avanzar hacia un "sistema energético más justo". La secretaria de Estado de Energía, Miatta Fahnbulleh, ha afirmado que la presentación de la norma es "un primer paso para corregir un sistema que no funciona, proteger a los consumidores frente a costes injustos y devolver a la ciudadanía el control". Según Fahnbulleh, la ley busca que los beneficios de la transición "se perciban directamente en el bolsillo de las personas".
La norma también sienta las bases jurídicas para crear una empresa pública, Great British Grid, que asumirá el desarrollo de las infraestructuras eléctricas del país. Se trata de uno de los compromisos anunciados por el Ejecutivo en el Discurso del Rey a principios de año y que ahora adquiere rango legal.
Renovables, comunidades y petróleo: el equilibrio del proyecto
La ley materializa el enfoque "pragmático" del Gobierno para poner fin a la concesión de nuevas licencias de exploración de petróleo y gas en el mar del Norte, pero mantiene la continuidad de la producción en los yacimientos ya existentes. Este doble planteamiento busca compatibilizar los objetivos climáticos con la seguridad de suministro y la actividad económica de la cuenca.
En el capítulo de renovables, la norma obligará a los promotores a ofrecer a las comunidades locales la posibilidad de adquirir hasta un 20% de participación en los nuevos proyectos de energía limpia. Es una de las medidas que más interés ha despertado entre las patronales del sector, que ven en ella una vía para incrementar el respaldo social a las instalaciones.
El texto también cierra lagunas en la protección laboral de los trabajadores de las renovables marinas. La norma garantiza el salario mínimo, la protección frente al despido improcedente y los derechos relativos a la jornada laboral para un colectivo que hasta ahora operaba en un marco jurídico con menores garantías.
El sector recibe la ley: facturas altas y oportunidad de abaratar
Las principales organizaciones del sector han valorado positivamente la iniciativa, aunque con matices. La directora ejecutiva de Energy UK, Dhara Vyas, ha señalado que el proyecto llega en "un momento decisivo", con la seguridad energética, la asequibilidad y la resiliencia en el centro de la agenda política. "Las facturas energéticas siguen siendo demasiado elevadas y es acertado que el Gobierno establezca los instrumentos necesarios para ofrecer ayudas más específicas", ha afirmado Vyas, que también ha mostrado interés por conocer el detalle de las propuestas sobre participación comunitaria.
Desde RenewableUK, su consejera delegada, Tara Singh, ha calificado la iniciativa como "una oportunidad real para reducir las facturas eléctricas y reforzar la seguridad energética", al abaratar la construcción de instalaciones renovables. La organización se ha mostrado dispuesta a colaborar con los ministros en la reforma de las desgravaciones fiscales a la inversión, la agilización de los procedimientos de planificación y el diseño del nuevo Fondo de Riqueza Energética (Energy Wealth Fund), un instrumento destinado a invertir en infraestructuras renovables y bajas en carbono. "El beneficio de hacer las cosas bien será disponer de energía más barata, producida en el propio Reino Unido, y reducir nuestra exposición a las subidas repentinas de los precios del gas que escapan a nuestro control", ha concluido Singh.
La tramitación parlamentaria determinará ahora si el texto inicial se mantiene o sufre modificaciones. El Ejecutivo británico ha subrayado que la norma es un paso para construir "un futuro energético limpio" cuyos beneficios lleguen a los hogares y a las comunidades.
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