La reforma de los permisos energéticos se perfila como la prioridad del nuevo Congreso de EEUU

El control demócrata del Congreso no garantiza el avance legislativo

Según el análisis de Wood Mackenzie, el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato coloca la reforma de los permisos entre las prioridades del nuevo Congreso, con el objetivo de impulsar la generación eléctrica y reducir los costes energéticos. Sin embargo, el presidente Donald Trump conserva su capacidad de veto, lo que reduce las posibilidades de éxito legislativo en otras iniciativas como las subvenciones a las energías renovables, que se enfrentan a la oposición presidencial.

La regulación federal de los costes de las grandes cargas eléctricas, como los centros de datos, también encuentra obstáculos jurídicos y políticos, y serán los estados quienes definan las normas aplicables. Esta división de poderes subraya la complejidad del panorama energético estadounidense y la necesidad de encontrar puntos de encuentro entre ambos partidos.

La BAAJA como herramienta para acelerar la tramitación

La Ley bipartidista estadounidense sobre asequibilidad y empleos (BAAJA), respaldada por promotores de energías limpias, productores de petróleo y gas, operadores mineros y sindicatos, propone medidas concretas para agilizar los permisos. Entre ellas, establecer un plazo máximo de dos años para los estudios de impacto ambiental exigidos por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), impedir que las agencias federales revoquen permisos ya concedidos, limitar a 150 días el plazo para presentar recursos judiciales y fijar un plazo de nueve meses para evaluar los permisos de dragado y relleno necesarios para nuevos gasoductos.

La reforma es esencial para las centrales eléctricas de gas conectadas a la red (front-of-the-meter), que requieren nuevos gasoductos para garantizar el suministro. Wood Mackenzie estima que se incorporarán 166 GW de nueva capacidad de generación con gas natural entre 2026 y 2035. Además, la demanda de gas de las instalaciones detrás del contador (BTM) se aproxima a los 6.000 millones de pies cúbicos diarios, alrededor del 6% de la demanda interna de gas del país, excluyendo GNL y suministros por gasoducto.

"Sin una reforma, es probable que vuelvan a aparecer cuellos de botella en las infraestructuras de transporte de gas, lo que frenaría la inversión en producción y elevaría los precios regionales del gas y de la electricidad", advirtió Siddhant Warrier, analista de Wood Mackenzie. "Los retrasos prolongados en la construcción de gasoductos también ralentizarían el desarrollo de los centros de datos, una prioridad tanto para demócratas como para republicanos".

El reto de la red eléctrica y el reparto de costes

La congestión de la red eléctrica genera costes que superan los 10.000 millones de dólares anuales, y el ritmo de finalización de proyectos de alta tensión durante la década de 2020 es inferior a la mitad del registrado en la década anterior. La BAAJA aborda la vertiente administrativa exigiendo evaluaciones ambientales conforme a la NEPA en un plazo de un año y limitando a 150 días el periodo para presentar recursos judiciales.

El siguiente frente será el reparto de los costes entre zonas eléctricas, una cuestión políticamente sensible que determinará quién paga las líneas de transporte que atraviesan varios estados. La reforma también contempla la Restoring Renewable Energy Parity Act, que obligaría al Departamento de Defensa a firmar acuerdos de mitigación para proyectos pendientes de energía eólica, solar y transporte, y dejaría sin efecto ciertas medidas ejecutivas contra las renovables.

Los estados ganan protagonismo y la cadena de suministro se complica

Ante la incertidumbre federal, los estados refuerzan su papel. En Texas, la elección de Gina Hinojosa como gobernadora podría introducir nuevas restricciones al despliegue de centros de datos, aunque el estado seguirá siendo un mercado clave gracias a sus recursos renovables y su gas natural. Wood Mackenzie alerta de que la orden ejecutiva de agosto, que restringe el suministro de equipos para infraestructuras eléctricas de gran escala procedentes de 24 países, incluida China, podría agravar los déficits de suministro de componentes estratégicos como transformadores de potencia (18%) y transformadores para subestaciones (14%).

David Brown, director de Investigación Global de Energía Integrada de Wood Mackenzie, subraya el riesgo de que la polarización política alimente el estancamiento legislativo y la confusión regulatoria. "Estados Unidos ha vivido momentos en los que el bipartidismo ha sido posible cuando más se necesitaba", recuerda, citando la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 como ejemplo de avance conjunto en eficiencia y combustibles renovables. "Ahora se necesita un esfuerzo similar para desarrollar energía asequible dentro de Estados Unidos y permitir que el país mantenga su liderazgo mundial en inteligencia artificial", concluye.