España suspende en despliegue eléctrico: 52 puntos frente a 77 en políticas, según el Electrification Competitiveness Index

La brecha entre políticas y despliegue: un diagnóstico contundente

El informe, publicado por We Mean Business Coalition con el apoyo de RMI, evalúa la preparación de 16 países para sustituir tecnologías basadas en combustibles fósiles por alternativas eléctricas. En el caso de España, la diferencia entre las condiciones habilitadoras (77 puntos) y el despliegue efectivo (52 puntos) es una de las principales conclusiones del documento.

Según el estudio, España cuenta con una elevada presencia de generación limpia, que aporta el 75% de la electricidad del país, un mercado eléctrico liberalizado y una evolución favorable de los mecanismos de flexibilidad, la respuesta de la demanda y el almacenamiento. Sin embargo, estos avances regulatorios no se están traduciendo al mismo ritmo en la implantación de soluciones eléctricas, especialmente en el transporte y las redes.

El informe identifica tres grandes retos para acelerar la transición: corregir la diferencia de precios entre electricidad y gas, acompasar el desarrollo de las redes al crecimiento de la demanda y establecer objetivos de electrificación más concretos para cada sector.

Redes y almacenamiento: el cuello de botella de la electrificación

Las infraestructuras eléctricas son uno de los ámbitos donde el informe detecta una mayor distancia entre las condiciones regulatorias y el despliegue. España obtiene 13 puntos sobre 30 en implantación en el apartado de redes y mercado eléctrico, frente a 23 sobre 30 en condiciones habilitadoras.

El estudio reconoce los avances en planificación anticipada de las redes y en conexiones flexibles, pero señala que la disponibilidad de capacidad y su asignación siguen siendo desafíos para atender las nuevas necesidades de consumo. La industria, los centros de datos, el almacenamiento y otros usuarios competirán por una infraestructura que deberá adaptarse al crecimiento de la demanda eléctrica.

Para evitar que las redes se conviertan en un freno, el documento recomienda coordinar las inversiones en transporte y distribución con el despliegue de almacenamiento, la flexibilidad de la demanda y la nueva generación limpia. También plantea mejorar la transparencia sobre la capacidad disponible y aplicar criterios claros para priorizar las conexiones, teniendo en cuenta la madurez de los proyectos y las necesidades del sistema.

En este contexto, el informe destaca la propuesta de inversión de 17.000 millones de euros contemplada en el plan de redes eléctricas con horizonte 2030. Asimismo, considera necesario aprovechar mejor la infraestructura existente mediante la digitalización y tecnologías como los sistemas de Dynamic Line Rating desplegados en Baleares.

El almacenamiento constituye otro de los puntos débiles. Según el documento, la inversión y la capacidad instalada siguen por debajo de lo necesario para respaldar una mayor electrificación. La capacidad instalada de almacenamiento representa menos del 1% de la generación total del sistema eléctrico, conforme al indicador utilizado en su evaluación. Por ello, reclama acompasar los objetivos de despliegue del almacenamiento con la disponibilidad de redes y capacidad de conexión, así como avanzar en la puesta en marcha del mercado de capacidad.

La brecha de precios entre electricidad y gas frena a la industria y a los edificios

La industria es uno de los sectores en los que España presenta mejores condiciones para avanzar. El país obtiene 15 puntos sobre 20 en despliegue y 20 sobre 20 en condiciones habilitadoras. El informe destaca instrumentos como el PERTE de Descarbonización Industrial, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y las medidas vinculadas a la aplicación de la directiva europea de eficiencia energética.

Además, España registró el mayor número de proyectos en la subasta de calor industrial IF25, según el estudio, que interpreta este resultado como una muestra del potencial de electrificación de los procesos productivos. Sin embargo, el interés por desarrollar proyectos todavía debe traducirse en una implantación comercial más amplia.

La diferencia de precio entre electricidad y gas continúa debilitando la rentabilidad de sustituir equipos y procesos térmicos basados en combustibles fósiles por alternativas eléctricas. El documento reclama, por tanto, reforzar el apoyo para que los proyectos puedan pasar de la fase de desarrollo a la ejecución a escala comercial.

El problema no se limita a la industria. El informe señala que la electricidad soporta una carga fiscal y de gravámenes superior a la del gas: el 34,6%, frente al 22,5%, respectivamente, según los datos que recoge. A juicio de sus autores, revisar los impuestos, peajes y otros cargos regulados que amplían esta diferencia ayudaría a mejorar el atractivo económico de las tecnologías eléctricas. El estudio también recomienda establecer un calendario concreto para eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles.

En los edificios, España obtiene 11 puntos sobre 20 en despliegue y 12 sobre 20 en condiciones habilitadoras. La electricidad representa aproximadamente el 55% de la energía final consumida en este ámbito y la cobertura de contadores inteligentes alcanza el 99%, dos factores que el informe considera favorables. Sin embargo, las ventas de bombas de calor siguen siendo bajas en comparación con otros países analizados. La brecha de precios entre electricidad y gas vuelve a aparecer como una barrera para sustituir los sistemas de calefacción convencionales por tecnologías eléctricas.

El documento también señala que España no había completado, en el momento de su análisis, la transposición de la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, y estaba pendiente establecer un factor de conversión de energía primaria que reflejara adecuadamente la realidad comparativa entre electricidad y gas.

Transporte: avance del coche eléctrico, pero falta infraestructura de recarga

El transporte presenta una de las brechas más acusadas entre las condiciones existentes y el despliegue efectivo. España obtiene 9 puntos sobre 20 en implantación y 15 sobre 20 en condiciones habilitadoras.

Las ventas de turismos eléctricos se sitúan en torno al 20%, según el informe, que también identifica señales iniciales de avance en los autobuses. El estudio reconoce el papel de los incentivos a la movilidad eléctrica, los estándares europeos de emisiones y las ayudas para desarrollar infraestructuras de recarga.

No obstante, la electrificación de furgonetas, camiones y otras categorías de vehículos continúa siendo limitada. La infraestructura de recarga para el transporte pesado y en zonas urbanas necesita ampliarse, mientras que la recarga inteligente y bidireccional sigue, en gran medida, en una fase incipiente.

El documento también apunta a la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos para poner en servicio nuevos puntos de recarga. La expansión de estas infraestructuras será fundamental para extender la electrificación más allá del turismo particular y avanzar en segmentos en los que la transición presenta mayores dificultades técnicas y económicas.

El PNIEC necesita objetivos sectoriales concretos

La evaluación transversal de España es menos favorable: obtiene 5 puntos sobre 10 en despliegue y 3 sobre 10 en condiciones habilitadoras. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo que la electrificación alcance el 35% del consumo final de energía en 2030, además de establecer una meta de 5,5 millones de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el informe considera que esa ambición nacional no se refleja de forma homogénea en la aplicación de las políticas en todos los sectores. Mientras el transporte dispone de una meta concreta para el vehículo eléctrico, el estudio echa en falta objetivos equivalentes de electrificación para la industria y los edificios.

Por ello, recomienda traducir el objetivo general del PNIEC en metas sectoriales explícitas, acompañadas de una hoja de ruta, medidas de apoyo e indicadores que permitan evaluar periódicamente los avances. También reclama completar la transposición de la directiva revisada del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, que, según el documento, seguía pendiente en el momento del análisis.

El estudio advierte, además, de que la disponibilidad de trabajadores cualificados puede convertirse en una limitación adicional para el despliegue de tecnologías eléctricas. También subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local, los operadores de red y las empresas para acelerar la electrificación de la economía.