La Audiencia Nacional reanuda el juicio contra la trama de comercializadoras que defraudó 61,3 millones a Endesa, Naturgy y Repsol
La Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio contra una organización criminal que, a través de empresas comercializadoras de electricidad, habría ocasionado un perjuicio de 61,3 millones de euros a Endesa, Naturgy y Repsol. La vista se suspendió la semana pasada por una indisposición del fiscal. La Fiscalía, que identifica a 17 acusados a los que atribuye delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo, destaca como presunto cabecilla de la trama a Esteban Roig Padrosa, para el que pide 16 años de prisión, según el escrito de acusación de 69 páginas al que ha tenido acceso EFE.

Una estructura societaria para captar clientes y dejar de pagar
La Fiscalía sostiene que la actividad se desarrolló mediante una estructura organizada de sociedades que captaba clientes, facturaba el consumo eléctrico y, posteriormente, dejaba de pagar parte de la energía y los servicios que debían abonar a otras empresas del sistema eléctrico. El ministerio público atribuye a los 17 acusados delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo de capitales.
El presunto cabecilla de la trama, según la acusación, es Esteban Roig Padrosa, para el que se pide una pena de 16 años de prisión. La organización habría desviado a distintas sociedades 50,3 millones de euros, cantidad que la Fiscalía atribuye a transferencias destinadas a ocultar fondos e introducirlos en circuitos económicos lícitos. Las operaciones se controlaban desde centros situados principalmente en Barcelona y Madrid.
En la primera sesión de la vista, durante la que no se abordaron las cuestiones previas y se fijaron los días 19, 20, 21 y 22 de octubre para la vista, la Fiscalía adelantó que gran parte de los acusados habían alcanzado acuerdos de conformidad con el ministerio público.
El perjuicio por compañía y su impacto en el sistema
De los más de 61 millones presuntamente defraudados, según ha cuantificado Red Eléctrica, 19,83 millones corresponden a Endesa Generación; 17,29 millones a Naturgy y 4,84 millones a Repsol. La Fiscalía señala que el perjuicio no se limitaba a las empresas productoras, ya que también afectaba a las distribuidoras y podía repercutir en el precio final de la electricidad.
El ministerio público sostiene que el objetivo de la organización era obtener beneficios ilícitos, desviar el dinero a otras sociedades y ocultar su destino. Para ello, se constituían o adquirían empresas y se depositaban las garantías iniciales necesarias para comenzar a operar, creando una apariencia de legalidad.
El perjuicio económico para las eléctricas afectadas se une al impacto sistémico: el fraude no solo golpeaba a las productoras, sino que introducía distorsiones en la cadena de suministro que podían terminar trasladándose a los consumidores finales.
El mecanismo del fraude: precios bajos y compras reducidas
La acusación detalla el funcionamiento de la trama: se ofrecían precios muy bajos para conseguir un elevado número de consumidores y aumentar la facturación. Una vez captada la clientela, las empresas reducían progresivamente las compras de electricidad, llegando en algunos casos, según la acusación, a adquirir solo un 5 % de las necesidades previstas, mientras seguían facturando a sus clientes.
Cuando una comercializadora acumulaba impagos y era inhabilitada, se trasladaban clientes y parte de la actividad a otra sociedad para continuar operando. Los fondos se transferían a sociedades vinculadas, cuentas bancarias y empresas patrimoniales, con el propósito atribuido de ocultarlos e introducirlos en circuitos económicos aparentemente legales.
El retraso de unos siete u ocho meses en la liquidación definitiva de determinados desvíos eléctricos, explica el escrito, permitía prolongar la actividad antes de conocer el alcance completo de la deuda. Este desfase temporal era clave para que la organización pudiera seguir captando clientes y facturando sin que se detectara el impago real.



