La CEOE pide una apuesta nuclear "estructural" tras la prórroga de Almaraz hasta 2030
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha celebrado la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 y ha reclamado que la apuesta por esta tecnología sea "estructural" y forme parte de una "política de Estado", más allá del caso concreto de la planta cacereña. La orden ministerial, publicada este viernes en el BOE, pone fin a un trámite iniciado en octubre de 2025 y condiciona la prórroga al cumplimiento de las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear.
La patronal pide ir más allá de la prórroga puntual
Fuentes de la CEOE consultadas por Europa Press defendieron la necesidad de contar con la energía nuclear en el mix energético español, a la que describen como "una de las tecnologías que contribuyen a la transición energética -como reconoce la Unión Europea-, que ofrece estabilidad al sistema y permite contar con una mayor autonomía".
Para la patronal, la prórroga de Almaraz responde a una reclamación que "viene haciendo desde hace años", pero no es suficiente. "Hay que valorar la apuesta por la nuclear de una manera más amplia y más estructural como se hace en Europa; acogemos con satisfacción la prórroga de Almaraz, pero hay que seguir apostando por la nuclear en el mix energético como una política de largo plazo, realizando una defensa real y estructural de esta energía", han reiterado las mismas fuentes. La organización empresarial subraya que la nuclear no debe limitarse a un caso específico ni a periodos acotados.
Las cifras que la CEOE pone sobre la mesa
La organización empresarial ha subrayado el peso de la instalación en el sistema eléctrico y en la economía extremeña. Según sus datos, Almaraz cubre por sí sola el 7% de la demanda eléctrica anual, lo que equivale al consumo de cuatro millones de hogares. Además, la central aporta 435 millones de euros en impuestos cada año, sostiene 3.800 empleos directos e indirectos y representa más del 5% del PIB regional.
Son las cifras que la patronal utiliza para justificar que la nuclear no puede tratarse como un caso aislado ni someterse a periodos acotados. La decisión del Gobierno llega, según fuentes gubernamentales recogidas en la información, en un contexto de volatilidad energética, argumentando que la central es "segura", no compromete el suministro ni supone "coste" para los ciudadanos.
El BOE publica la orden y el calendario de la prórroga
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que se renueva la autorización de explotación de las Unidades I y II de Almaraz, que podrán seguir operativas al menos hasta el 8 de junio de 2030. La decisión pone fin a un trámite que comenzó oficialmente en octubre de 2025, cuando las tres propietarias de la planta —Iberdrola, Endesa y Naturgy— acordaron solicitar formalmente la prórroga.
El cierre escalonado de los dos reactores estaba fijado inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 (Unidad I) y el 31 de octubre de 2028 (Unidad II), según el protocolo firmado por Enresa y las compañías. La orden ministerial condiciona la prórroga al cumplimiento estricto de las condiciones e instrucciones de seguridad dictadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ya emitió el pasado 16 de julio un informe favorable a la renovación, condicionado a su vez a los límites y exigencias de seguridad nuclear y protección radiológica.
Reacciones encontradas en el arco político y social
La decisión del Gobierno ha generado reacciones contrapuestas. Mientras la CEOE celebra la renovación, el PP la considera insuficiente y pide cancelar todos los cierres nucleares previstos en el calendario de Enresa. Por su parte, la plataforma 'Sí a Almaraz' ha acogido la medida como una garantía de empleo y estabilidad para la comarca.
En el lado contrario, Greenpeace ha expresado su "rechazo e indignación" y acusa al Ejecutivo de ceder ante las eléctricas. La ONG sostiene que mantener la central en funcionamiento dificulta la entrada de nueva potencia eólica y solar y contradice los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). La prórroga, según la información publicada, llega después de casi un año de negociación.
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