Madrid advierte de que el plan del Gobierno para "controlar" los centros de datos restará "competitividad"

La crítica de Madrid al nuevo real decreto

La Comunidad de Madrid ha lanzado una dura advertencia contra el proyecto de real decreto que prepara el Gobierno para regular los Centros de Procesamiento de Datos (CPD). El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha sostenido en su cuenta de 'X' que esta normativa no es "más que el resultado de una política energética fallida" y que generará "perjuicios difícilmente recuperables en términos de empleo, inversión e innovación". Sus declaraciones se producen después de que el Gobierno acordase el martes en el Consejo de Ministros que los centros de datos deberán respaldar con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estas infraestructuras.

Exigencias consideradas desproporcionadas frente a Europa

López-Valverde ha defendido que desde el Gobierno regional ven "con gran preocupación" este real decreto que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para regular estas infraestructuras, porque, a su juicio, de él "se desprende una innecesaria exigencia para el funcionamiento de estas instalaciones" en el país en comparación con otros países europeos, a los que "inevitablemente emigrarán las empresas del sector".

El proyecto de norma incluye parámetros en consumo de energía y agua que, según el Gobierno, son los más exigentes a día de hoy en el mercado mundial de centros de datos, con el objetivo de que los data centers españoles sean "los más sostenibles del planeta". Sin embargo, para Madrid, esta regulación no tiene en cuenta que los CPD, "base de la economía digital", representan una industria con un consumo predecible y sostenible si detrás hay una estrategia y una buena gestión y planificación.

Impacto en el empleo y la inversión

La advertencia de la Comunidad de Madrid se centra en el efecto que esta regulación podría tener sobre la atracción de inversiones y la creación de empleo. El consejero teme que las nuevas exigencias de sostenibilidad disuadan a las empresas de instalarse en el territorio nacional y las empujen a buscar destinos con requisitos menos estrictos dentro de la Unión Europea, lo que supondría una pérdida de oportunidades difícilmente recuperables en términos de empleo, inversión e innovación.

Frente a la postura del Gobierno central, que defiende la medida como una forma de garantizar la sostenibilidad energética y sitúa los parámetros de consumo de energía y agua como los más exigentes del mercado mundial, Madrid insiste en que la falta de competitividad restará oportunidades de desarrollo tecnológico en la región. El consejero ha remarcado que estos centros de procesamiento de datos, base de la economía digital, representan una industria con un consumo predecible y sostenible si existe una estrategia y una buena gestión y planificación, un argumento que choca con la exigencia contemplada en el real decreto.