Bruselas abre la puerta a que España use un 0,3% de su PIB en ayudas a bombas de calor, placas y almacenamiento sin pasar por unos nuevos PGE
La Comisión Europea ha activado una vía para que los Estados miembros, incluida España, puedan gastar hasta un 0,3% de su PIB anual en medidas de seguridad energética sin que compute en el déficit, siempre que aprueben la ampliación de la cláusula de salvaguardia nacional. Entre las actuaciones admisibles figuran ayudas a hogares para instalar placas solares, baterías o bombas de calor. En paralelo, el Gobierno español ya ha demostrado con la DANA que sabe usar modificaciones presupuestarias sobre cuentas prorrogadas para movilizar fondos.
La nueva flexibilidad fiscal europea: 0,3% del PIB anual para energía
El pasado 18 de agosto, la Comisión Europea publicó sus orientaciones para ampliar el ámbito de la cláusula de salvaguardia nacional, hasta ahora reservada al gasto en defensa, e incluir la seguridad energética. La herramienta permite a los Estados que lo soliciten cubrir con margen fiscal el impacto presupuestario de medidas admisibles, siempre que estén financiadas a nivel nacional y cumplan los criterios comunitarios.
El techo general de la cláusula sigue en el 1,5% del PIB de gasto adicional, pero las actuaciones energéticas tienen un límite específico: el 0,3% del PIB anual y el 0,6% acumulado entre 2026 y 2028. Es decir, un país como España, con un PIB de alrededor de 1,5 billones de euros, podría movilizar en teoría unos 4.500 millones de euros anuales adicionales para estas políticas sin que computen a efectos de déficit. La Comisión prevé un seguimiento posterior del coste efectivo de las medidas.
Los Estados interesados deben presentar una solicitud formal, una relación inicial de medidas y una estimación de su coste presupuestario. Bruselas evaluará la propuesta y podrá recomendar al Consejo su aprobación. La herramienta estará disponible hasta 2028 y no supone la creación de un fondo europeo: se trata de una flexibilización de las reglas fiscales, no de una transferencia directa de dinero comunitario.
Ayudas para hogares: solar, almacenamiento, bombas de calor y recarga de VE
La principal novedad para los consumidores es que Bruselas incluye expresamente entre las actuaciones admisibles las ayudas para instalar generación solar y geotérmica en viviendas, sistemas residenciales de almacenamiento, sustitución de calderas de combustibles fósiles por bombas de calor, infraestructuras domésticas de recarga de vehículos eléctricos y préstamos a tipo reducido para rehabilitaciones energéticas.
El mecanismo también cubre inversiones a mayor escala en el sistema eléctrico: nuevas plantas renovables, baterías, redes, centrales nucleares, hidrógeno verde obtenido por electrólisis con electricidad renovable o hipocarbónica, eficiencia energética, combustibles renovables sostenibles y contratos bidireccionales por diferencia para generación limpia.
En cambio, quedan fuera las reducciones de impuestos especiales a los combustibles fósiles, los precios fijos, las ayudas directas a esos combustibles y cualquier medida destinada únicamente a compensar el impacto de los altos precios. La Comisión quiere que el margen sirva para acelerar cambios estructurales, no para cubrir una factura más cara. Las medidas deben contribuir a la seguridad, la resiliencia y la descarbonización, prestar especial atención a hogares y empresas vulnerables y ser específicas y rentables.
España: PGE 2027 con prórroga como telón de fondo y la DANA como precedente
El movimiento de Bruselas coincide con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, que siguen sin aprobarse: se mantienen prorrogados los de 2023. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó el lunes que los trabajos para llevar las nuevas cuentas al Congreso “van bien”, aunque evitó concretar fechas. El Ejecutivo aprobó inicialmente en julio un techo de gasto de 226.032 millones para 2027, un 6,6% más que el de 2026, pero la senda de estabilidad (déficit del 1,8% del PIB en 2027, 1,6% en 2028 y 1,5% en 2029) no ha logrado el respaldo del Congreso en dos votaciones.
Si finalmente no hay acuerdo parlamentario, el Gobierno tiene una vía alternativa para movilizar fondos sin unas nuevas cuentas: las modificaciones presupuestarias sobre el presupuesto prorrogado, tal como prevé la Ley General Presupuestaria. El precedente más claro es la respuesta a la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2024. En noviembre de 2025, el Consejo de Ministros autorizó 560 millones del Fondo de Contingencia y un suplemento de crédito en Hacienda para gastos extraordinarios de la reconstrucción. En junio de 2026, se aplicaron 791,8 millones del Fondo de Contingencia y un crédito extraordinario para financiar parte de los 1.300 millones de gastos vinculados a la catástrofe. En julio, otro crédito extraordinario y suplemento de 85,5 millones para actuaciones agrarias.
Este historial demuestra que la prórroga no inmoviliza el gasto si se utilizan los instrumentos adecuados, con autorización parlamentaria o del Consejo de Ministros según el caso. La clave para España estará en decidir si solicita a Bruselas la ampliación de la cláusula para seguridad energética y, después, qué medidas concretas incluir y con qué dotación. La aprobación de unos nuevos PGE facilitaría la creación de partidas específicas, pero ya no es la única vía.
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