Brasil ve recortada su cartera de centros de datos a un tercio por la incertidumbre regulatoria y la congestión de red

La ejecución de las políticas, clave tras las elecciones

Con el proceso electoral ya resuelto y la continuidad del actual Gobierno durante los próximos cuatro años, Brasil afronta el reto de pasar del diseño de políticas a su aplicación efectiva. Según Rystad Energy, el principal desafío ya no reside tanto en crear nuevas medidas como en coordinarlas entre el poder legislativo y el ejecutivo.

A diferencia de otros ámbitos de las tecnologías limpias, que pueden impulsarse mediante decretos y disposiciones de los organismos reguladores, el sector de los centros de datos presenta una mayor complejidad. La atracción de inversiones en infraestructuras de escala hiperconectada (hyperscale) requiere que el Congreso y el Gobierno coordinen los plazos de los incentivos fiscales establecidos por ley con un marco regulatorio que todavía tiene aspectos importantes pendientes de desarrollo.

Redata: el régimen fiscal que busca atraer inversiones

En el centro de esta estrategia se encuentra el régimen fiscal Redata (Ley n.º 15.504/2026), aprobado en septiembre con el objetivo de posicionar a Brasil como uno de los principales centros internacionales de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial. El régimen contempla exenciones fiscales para facilitar el despliegue de grandes infraestructuras digitales, pero estos beneficios no son automáticos ni indefinidos: están sujetos a plazos concretos y al cumplimiento de exigentes requisitos operativos.

Entre las cuestiones pendientes destaca la decisión del Gobierno sobre si la generación eléctrica a partir de gas natural podrá considerarse una fuente de energía de bajas emisiones. También está pendiente concretar los indicadores de eficiencia energética, los requisitos de contenido local y los mecanismos para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas a los beneficiarios.

Esta incertidumbre regulatoria ya tiene consecuencias sobre las perspectivas de inversión. Según la evaluación de riesgos de Rystad Energy, la cartera anunciada de proyectos de centros de datos en Brasil se ha reducido aproximadamente en dos tercios, al pasar de 21 GW a unos 7 GW. El análisis también tiene en cuenta la elevada congestión de la red eléctrica y las dificultades para garantizar un suministro energético fiable, factores que incrementan el riesgo asociado al desarrollo de este tipo de infraestructuras y pueden limitar la capacidad del país para competir por grandes inversiones internacionales.

Reformas que necesitan el respaldo del Congreso

Uno de los principales frentes de actuación será la reforma del sistema eléctrico y la integración de los sistemas de almacenamiento mediante baterías. En este ámbito, el Congreso está acelerando la tramitación del proyecto de ley PL 3716/2026, que plantea redistribuir entre todos los usuarios del sistema los costes de integración del almacenamiento con baterías, actualmente atribuidos a los generadores.

La iniciativa adquiere especial relevancia ante la primera subasta de capacidad que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) prevé celebrar en diciembre. La definición de un marco de costes claro será determinante para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías de almacenamiento y reforzar la estabilidad del sistema eléctrico.

Otras reformas que avanzan desde el Ejecutivo

Mientras algunas medidas dependen directamente de la actividad parlamentaria, otros ámbitos de la transición energética brasileña pueden seguir desarrollándose mediante decisiones del Gobierno y de los organismos reguladores, sin necesidad de nuevas leyes.

En el marco del programa Combustible del Futuro (Lei do Combustível do Futuro), las autoridades continúan desarrollando la normativa sobre biocombustibles. Entre las prioridades figuran el aumento progresivo de los porcentajes de mezcla de etanol, las obligaciones de incorporación de biometano y la regulación del combustible sostenible de aviación (SAF). Estas medidas se están articulando mediante resoluciones del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) y disposiciones de las agencias reguladoras ANP y ANAC.

La regulación del hidrógeno también avanza a través del desarrollo del régimen fiscal especial Rehidro, complementado con las directrices del Ministerio de Hacienda relativas a los créditos fiscales y los incentivos financieros destinados a impulsar el sector.

En el ámbito de la eólica offshore, el Gobierno está preparando decretos presidenciales para establecer el marco de concesión y arrendamiento de áreas marítimas, así como los criterios técnicos que regularán las futuras subastas de proyectos.

Por último, Brasil continúa desarrollando su marco regulatorio para las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Tras la habilitación legal contemplada en la reciente legislación sobre energías limpias, los organismos reguladores están trabajando directamente en la elaboración de normas de seguridad y procedimientos para autorizar el almacenamiento geológico de CO₂.

La ejecución regulatoria, el verdadero reto

Brasil dispone de importantes oportunidades para consolidarse como un destino estratégico para las inversiones en infraestructuras digitales y tecnologías energéticas. Sin embargo, el potencial del mercado dependerá de su capacidad para transformar los objetivos legislativos en reglas claras, previsibles y aplicables.

En el caso de los centros de datos, la disponibilidad de electricidad competitiva, fiable y con bajas emisiones será tan importante como los incentivos fiscales. La coordinación entre el Congreso, el Gobierno y los organismos reguladores será determinante para reducir la incertidumbre y recuperar la confianza de los inversores.

Tras las elecciones, el foco pasa de la definición de las políticas a su ejecución. De esa capacidad dependerá, en buena medida, que Brasil pueda materializar sus ambiciones de convertirse en un polo internacional de referencia para la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.