Castilla y León amplía su impuesto ambiental a la fotovoltaica: entre 600 y 2.000 euros por hectárea

Una carga que duplica el coste del suelo

El borrador de los Presupuestos de la comunidad para el próximo ejercicio fija un gravamen de entre 600 y 2.000 euros por hectárea para la energía solar fotovoltaica, en función de la afección ambiental. Según fuentes del sector, el importe equivale a duplicar lo que el desarrollador de un parque ya paga por alquilar el terreno, lo que encarece de forma notable la viabilidad de los proyectos.

La Junta estima que el nuevo tributo le reportará cerca de 9 millones de euros anuales. Como contrapartida, el texto contempla una exención para los nuevos parques eólicos y solares durante los dos primeros años desde el inicio de sus operaciones en la red, un incentivo que, según los críticos, no compensa el freno que supone la nueva carga.

Castilla y León es una de las comunidades con mayor implantación renovable del país. Según datos de Red Eléctrica, en 2024 la región produjo 27.080 GWh, de los que el 92,8% fueron de origen renovable. La fotovoltaica ya supone el 31,1% del mix eléctrico regional, con 5.470 MW instalados y más de 10.000 MW adicionales con punto de acceso y conexión concedido a la red eléctrica.

El sector advierte de un freno al desarrollo y la competitividad

La decisión ha desatado las críticas de la patronal fotovoltaica. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha calificado el gravamen como «absolutamente recaudatorio e injustificado», y ha subrayado que penaliza «una actividad que genera desarrollo socioeconómico local y ofrece competitividad a todos los consumidores, particulares e industrias». En sus declaraciones, Donoso insiste en que se trata de «un impuesto al futuro», que castiga «las oportunidades de desarrollo económico y la competitividad de las empresas y ciudadanos» que se benefician de una tecnología «limpia, económica y autóctona que fija población y atrae industria».

Desde la patronal recuerdan además que la solar ya tributa de forma significativa. Los parques fotovoltaicos contribuyen al Estado vía IAE, IVPEE e IEE, y a nivel municipal a través de figuras como el ICIO, el IAE o el IBICE. Los ayuntamientos que acogen parques solares ingresan de media unos 10.000 euros por MW instalado al año, una palanca que la industria considera clave para el desarrollo local. El nuevo tributo autonómico se sumaría a esa carga ya existente, elevando el coste total de los proyectos.

El Gobierno central responde y el calendario electoral complica el debate

La vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, ha sido contundente en su valoración. En un mensaje publicado en Bluesky, ha señalado que la propuesta «solo recuerda épocas oscuras del pasado» y ha alertado de que «quienes repiten los errores del pasado oscurecen el futuro de todos». Frente al «impuesto al sol», Aagesen ha contrappuesto la apuesta del Ejecutivo por una energía «renovable, autóctona y asequible».

El anuncio se produce en plena precampaña electoral, a menos de cinco semanas de las elecciones autonómicas del 29 de noviembre, un contexto que, según los analistas, deja al PP en una posición incómoda si busca rentabilizar electoralmente la bajada del precio de la electricidad. La medida choca además con el último informe de UNEF sobre el impacto de la solar en la factura: sin la fotovoltaica, el precio mayorista habría sido un 86% más caro en los últimos 18 meses, periodo en el que la tecnología ha ahorrado a los consumidores españoles más de 17.000 millones de euros, a razón de ocho euros por cada uno invertido en nueva capacidad solar.

El sector confía en que el trámite parlamentario de los Presupuestos permita corregir o matizar el gravamen antes de su aprobación definitiva, aunque la mayoría de PP y Vox en las Cortes regionales dificulta previsiblemente cualquier enmienda en contra.