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Los ecologistas exigen límites al consumo de agua y energía en el nuevo decreto de centros de datos

Las principales organizaciones ecologistas han presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regulará los centros de datos en España. Consideran el texto 'insuficiente' y reclaman límites máximos al consumo de agua y energía, evaluación del impacto acumulado por territorio y que la nueva demanda se cubra íntegramente con renovables.

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Fotografía que ilustra la noticia: Los ecologistas exigen límites al consumo de agua y energía en el nuevo decreto de centros de datos
(elperiodicodelaenergia.com)

Alegaciones conjuntas de las cinco grandes ONG

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han registrado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Así lo han comunicado este viernes en un comunicado conjunto, en el que valoran que el Ejecutivo avance en la regulación de un sector en rápida expansión, pero lamentan que el texto no esté a la altura.

Las organizaciones consideran que el desarrollo de nuevos centros de datos debe respetar los límites ambientales y sociales de cada territorio y responder a criterios de suficiencia, eficiencia y cobertura con energías 100% renovables. También piden tener en cuenta los efectos presentes y futuros del cambio climático en la planificación de estas instalaciones.

La demanda se enmarca en el proceso de audiencia e información pública del proyecto, al que han concurrido junto a otros actores sociales. El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la norma como una vía para un crecimiento ordenado que sitúe a España a la vanguardia europea, vinculando el acceso a la red de los centros de más de 1 MW al cumplimiento de requisitos de eficiencia, soberanía digital y abastecimiento renovable.

Tres cambios principales y un aviso sobre el consumo total

Las organizaciones plantean tres modificaciones clave. La primera es establecer salvaguardas ambientales y sociales máximas al consumo de agua y energía de los centros de datos, así como evaluar su impacto acumulado en cada territorio y no proyecto por proyecto. La segunda pasa por decidir dónde y en qué condiciones pueden instalarse, exigiendo que su nueva demanda eléctrica se cubra con generación 100% renovable, 'sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad ni aumentar la presión sobre territorios y biodiversidad'.

El tercer cambio reclama aplicar el principio de precaución, mejorar la transparencia y garantizar una participación pública suficiente y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud. Las ONG subrayan que esto debería ir acompañado del reconocimiento de que existen 'ciertos riesgos por la manipulación y desinformación que pueden mermar los procesos democráticos y los derechos colectivos'.

En su argumentario, las organizaciones alertan de que la eficiencia no basta si el consumo total de recursos sigue creciendo sin límites. 'Necesitamos un debate social sobre el modelo de infraestructura digital que hemos de construir como sociedad y decidir cuánto, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse esta nueva expansión', recalcan.

El contexto: inversiones afectadas y consumos millonarios

La presión ecologista llega en paralelo a las amenazas legales del sector. Spain DC, la asociación que agrupa a los operadores de centros de datos, calcula que alrededor de 9.000 millones de euros en inversiones se han visto afectadas por el impacto del decreto, aunque no cierra la puerta a que el importe final sea mayor.

Las organizaciones han recordado, citando a la Agencia Internacional de la Energía, que un centro de datos para inteligencia artificial de 100 megavatios (MW) puede consumir al año tanta electricidad como unos 100.000 hogares. Como ejemplo aplicado a España, mencionan el centro proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), que con 248 MW de potencia prevista contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año.

Estas cifras incluyen el consumo propio de la instalación y las reservas previstas para futuros equipamientos de la zona. Dependen del tamaño, de la carga de los servidores y, especialmente, del sistema de refrigeración utilizado. Para los ecologistas, estas magnitudes refuerzan la necesidad de imponer límites explícitos al consumo de agua y energía, y no solo mejoras de eficiencia.